martes, 11 de octubre de 2016

Ojalá fuera cierto que los homicidios han bajado un 70 % en San Salvador

Lo primero, los datos duros, que trataré de exponer de manera aséptica.
Uno. La Policía Nacional Civil (PNC) registró en el municipio de San Salvador 323 asesinatos desde el 1 de enero hasta el 31 de agosto de 2016. En idéntico período de 2015 se cometieron 339 homicidios. En 2014, 216. Y en 2013, el año más intenso de la Tregua, 125 en esos mismos ocho meses. En términos porcentuales, el municipio de San Salvador presenta este año un descenso del 5 % respecto a 2015, que resultó el más violento del siglo XXI. Pero comparado con 2014 y 2013, los asesinatos en la capital han aumentado un 50 % y un 158 % respectivamente.
Dos. Si el corte lo hacemos desde el 1º de abril, cuando el Gobierno de la República comenzó a implementar las medidas excepcionales y las tres pandillas anunciaron un cese unilateral de la violencia, San Salvador –la ciudad; no el departamento, no el área metropolitana– ha pasado de promediar 51 homicidios cada mes, a 34. El descenso es del 33 %, una cifra importante e incluso esperanzadora, pero que palidece si se tiene en cuenta que a escala nacional, en el mismo intervalo, la reducción ha sido del 46 %.
Tres. Si nos remitimos al indicador de referencia en todo el mundo, la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes, San Salvador está repitiendo como la cabecera departamental más violenta de El Salvador. Proyectados los datos hasta el 31 de agosto para todo 2016, la tasa es de 195 asesinatos por cada 100,000 capitalinos. Le siguen San Miguel, con 107; y Usulután, con 97. Entre las menos violentas, Chalatenango, con 24 homicidios por cada 100,000 habitantes; y Santa Tecla, con 40.
Cuatro. El ‘Listado de las 50 ciudades más violentas del mundo en 2015’ lo elabora una oenegé mexicana llamada Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal. Como ya detallé en esta entrada publicada a finales de enero, el estudio presenta serias carencias metodológicas, pero, para el caso que nos ocupa, dos son las características que conviene tener presentes: una, que el nuevo listado se dará a conocer en enero, por lo que nadie en octubre puede aseverar qué ciudades estarán entre las diez más violentas, las que entrarán o las que saldrán; y dos, que la oenegé mexicana no toma la ciudad de San Salvador como parámetro, sino que establece las 14 ciudades del Área Metropolitana de San Salvador como una entidad, por lo que el puesto que ocupe ‘San Salvador’ dependerá no solo de lo que ocurre en el Centro Histórico, sino del comportamiento de los homicidios en el resto de la capital, y en Santa Tecla, y en Soyapango, Ilopango, Nejapa, Mejicanos, Antiguo Cuscatlán…
Punto y aparte.
Aportados estos datos sobre las verdaderas cifras de asesinatos que se cometen en la capital y sobre cómo se elabora el ránking de las ciudades las violentas del mundo, agrego unas reflexiones personales sobre lo que se está publicando en torno a la inseguridad en San Salvador, y sobre el manejo malicioso y/o ignorante que se está haciendo de la información.
Uno. En los ocho primeros meses de 2016, los asesinatos en la ciudad de San Salvador han descendido, sí, pero en una proporción muy inferior al resto del país. Si me permiten la comparación, e imaginamos un aula en la que los alumnos avanzan y aprenden a ritmos diferentes, la ciudad que gobierna Nayib Bukele sería, en materia de seguridad pública, uno de los estudiantes con peores resultados.
Dos. Desde antes incluso de que se implementaran las medidas extraordinarias, el Distrito Centro Histórico está siendo objeto de una agresiva militarización vía PNC y Fuerza Armada. Este parece ser el detonante principal del descenso de los homicidios, más significativo en ese pequeño sector de la ciudad. Pero es un grave error extrapolar los datos parciales de la subdelegación Centro de la PNC a todo el municipio –hay subdelegaciones policiales en el barrio San Jacinto y en las colonias Miramonte y Escalón–, y mucho más grave aún realizar inferencias para todo el área metropolitana con datos extraídos del Distrito Centro Histórico.
Tres. No es lo deseable, pero uno puede llegar a entender que el poderoso entramado propagandístico y de culto en torno a la figura del alcalde (pagado en parte con nuestras tasas e impuestos) trate de magnificar supuestos logros propios o datos y hechos que de alguna manera favorecen o enaltecen la gestión. Lo que como periodista me cuesta digerir más es que haya reporteros, editores y medios –que se definen como tales– que no sean capaces de separar el trigo de la paja, de contrastar la información que airea una u otra fuente, o de hacer análisis básicos que evidencian que los titulares del tipo ‘San Salvador sale de la lista de las 10 ciudades más violentas del mundo’ son pura ciencia ficción, invenciones sin sustento alguno.
Y cuatro. Vivo en San Salvador. Mis hijas viven en San Salvador, estudian en San Salvador. Mi esposa ídem. Viajo en bus por San Salvador. Camino seguido por San Salvador, también por el Centro Histórico. Almuerzo con regularidad en el mercado Central, voy al Estadio Cuscatlán, visito la cripta de Romero… Ojalá fuera cierto lo que en la tarde del 10 de octubre tuiteó el alcalde Nayib Bukele: “¡Una baja del 70% en homicidios en toda la ciudad!”, atribuido sin matices “al reordenamiento, los planes de reconstrucción del tejido social, los planes de inclusión, la iluminación de todo San Salvador y el inicio de la revitalización del Centro Histórico”. Ojalá fuera cierto, lo digo de corazón, pero no lo es.

miércoles, 21 de septiembre de 2016

Los homicidios han bajado. ¿Nos alegramos?

Sí. Debería alegrarnos. Sin lugar a dudas. Sería mezquino no hacerlo. Para la sociedad salvadoreña, la más violenta del mundo, toda reducción en sus aterradoras cifras de asesinatos –pronunciada y sostenida en el tiempo– debería ser motivo de satisfacción. Y la reducción es inapelable: desde abril, el país ha entrado en una etapa de estabilidad en torno a 11-13 homicidios diarios; una ruptura clara con los 21 homicidios diarios que promediamos durante los once meses precedentes.
Sin este abrupto descenso, habrían sido asesinados casi 1,500 salvadoreños más que los que las autoridades reportan hasta finales de agosto. Repito: casi mil quinientos más. Unos 300 salvadoreños están ‘salvando su vida’ cada mes.
Ahora bien, reconocer, alegrarse y hasta celebrar el bajón no tiene por qué estar reñido con hacer análisis que dimensionen ese descenso, que lo expliquen; mucho menos con tragarse el discurso tan triunfalista como cortoplacista y malicioso de los altos funcionarios del Estado.
La Administración Sánchez Cerén arrancó el primero de junio de 2014. Gestionó el tramo final de la Tregua –el de reactivación de la violencia– y la ‘guerra’ contra las maras, el período de la historia reciente de El Salvador en el que los homicidios más han aumentado. Si se tiene en cuenta que el Gabinete de Seguridad navegó 22 meses entre las estadísticas más sangrientas de este siglo, resulta hasta comprensible que el descenso haya derivado en triunfalismo, y en un discurso –el oficial– que pregona que las maras están siendo derrotadas. Pero la realidad es mucho más compleja, en especial en las comunidades controladas por las maras. Amerita detenerse en algunos ítems relevantes para tratar de comprender el calado del descenso.
Uno. ¿Dejará El Salvador de ser el país más violento del mundo? Improbable. Salvo que ocurra algo fuera del guion, 2016 será un año con menos homicidios que 2015, pero concluirá arriba de los 5,100 asesinatos, la segunda cifra más elevada del siglo XXI. Honduras, nuestro principal contendiente en el último lustro, mantiene su tendencia a la baja, así que solo Venezuela amenazaría que El Salvador siga siendo el país con la tasa de homicidios más disparada del mundo, con la excepción de territorios en guerra abierta. Incluso si en el último tercio del año promediáramos 11 asesinatos al día, terminaríamos con una tasa en torno a 80 homicidios por cada 100,000 habitantes.
Dos. ¿Seguimos bajo ‘epidemia de violencia’? Sí. Indiscutiblemente. Según los parámetros que maneja Naciones Unidas, una sociedad sufre epidemia de violencia cuando se cometen arriba de 10 homicidios por cada 100,000 habitantes. Con el volumen de población de El Salvador, con 54 asesinatos al mes ya seríamos, ante los ojos del mundo, una sociedad enferma de violencia. El descenso que se ha dado es de promediar 650 asesinatos mensuales a promediar 350.
Tres. ¿Qué ha provocado el bajón? Es quizá la pregunta con la respuesta más propensa al debate. El gobierno, parte interesada, aporta una única respuesta: medidas extraordinarias. No es muy aventurado afirmar que, ante el martilleo constante de esta idea de parte de los principales funcionarios del Gabinete de Seguridad, y sin que nadie se oponga con argumentos serios, que los hay, entre la población parece estar calando esa percepción. Las medidas extraordinarias se pueden resumir en tres ejes: uno, cortar la comunicación entre los palabreros de las cárceles y los de la libre; dos, abrir líneas de investigación con la Fiscalía para golpear el entramado financiero y generar disputas internas; y tres, dar carta blanca a las fuerzas de seguridad para disparar primero y preguntar después. Comenzaron a implementarse en el último fin de semana de marzo, y es justo cuando inicia el descenso en los homicidios. No resulta difícil vender la relación causa-efecto, como hace con éxito el gobierno. Pero al pasar la lupa, los últimos días de marzo también los usaron las tres grandes pandillas (Mara Salvatrucha, 18-Revolucionarios y 18-Sureños) para anunciar, vía comunicado conjunto, un cese de sus “acciones ofensivas”, aún vigente. Los pandilleros no han dejado de asesinar ni de agredir a la sociedad, creerse esa parte sería iluso; sin embargo, sí parecen haber metido en el congelador las diferencias entre las tres estructuras, y haber puesto en marcha pactos de no agresión, que no se están cumpliendo al cien por ciento por la naturaleza propia de las maras, pero sí lo suficiente como para suponer que una buena porción del descenso en los homicidios son los muertos que se generaban entre sí las tres pandillas, que han disminuido tras haber identificado un enemigo común: el Estado salvadoreño.
Cuatro. ¿Por qué el discurso triunfalista del gobierno? Mi opinión: por pura estrategia de marketing político y comunicacional. Más claro aún: para obtener rédito electoral, votos. Después de casi dos años de ‘guerra’, de que las fuerzas de seguridad hayan matado a más de 700 supuestos pandilleros en lo que nos venden como enfrentamientos, el Estado ha logrado, en el mejor de los casos, retomar el control territorial en zonas controladas por las pandillas a fuerza de meter a policías y soldados ennavaronados y armados con fusiles M-16 y AR-15, pero el control social de los mareros en sus canchas sigue, con alguna excepción, intacto. Control territorial y control social no son lo mismo. El discurso triunfalista es, pues, un discurso para engatusar a las clases media y alta, las que nunca han sufrido ni sufren de manera directa el acoso de las maras. En el bajomundo, los residentes en las colonias y cantones que más sufren a los pandilleros saben que el control social lo siguen ejerciendo ellos, aunque les hayan borrado los placazos y su presencia ahora sea más difusa, menos explícita, por la mayor presencia de policías y soldados.
Y cinco. ¿Qué nos espera hasta que finalice 2016? El gobierno navega con viento a favor. Ni en la Asamblea ni en los set de televisión hay voces sonoras cuestionando la ‘guerra’ contra las pandillas. La horquilla de 11-13 homicidios diarios permitirá al Gabinete de Seguridad seguir alardeando de descenso, porque la segunda mitad de 2015 fue terrorífica y, al comparar los mismos meses, el saldo será siempre favorable. Los excesos policiales –el pan de cada día en el bajomundo– e incluso las ejecuciones extrajudiciales no restan votos en la sociedad más violenta del mundo; al contrario. ¿La comunidad internacional? Tampoco parece muy dispuesta a alzar su voz contra la sistemática violación de los derechos humanos con la que la Administración Sánchez Cerén enfrenta a los pandilleros. ¿Y las pandillas? Mucho tienen con contener la embestida estatal y garantizar que no afecte en demasía a sus principales fuentes de financiamiento: las extorsiones y la renta. En definitiva, si yo tuviera que apostar plata, lo haría por un tramo final del año muy parecido en términos numéricos a lo vivido desde abril. Apostaría también por la reincidencia gubernamental en el discurso triunfalista, triunfalista y hueco, porque aunque Cotto, Ramírez Landaverde o Sánchez Cerén lo repitan una y mil veces, el guerrerismo como política pública no está debilitando, al menos con la intensidad que nos quieren vender, las estructuras de terror con las que las pandillas controlan sus canchas más firmes.

En este enlace puede consultar un gráfico interactivo de la Sala Negra de El Faro que detalla la evolución de los homicidios entre enero de 2002 y agosto de 2016.

viernes, 22 de julio de 2016

Nunca me habían insultado tanto

Nunca me habían insultado tanto como en los días y semanas posteriores al 22 de julio de 2015. Y no solo fueron insultos; llovieron calumnias, ofensas de sabores y colores variados, difamaciones e incluso amenazas de muerte explícitas como bofetadas.
El torrente de improperios sobrevino después de la publicación de ‘La Policía masacró en la finca San Blas’, una sólida investigación periodística de la que yo soy primera firma y en la que se denunciaban, por un lado, ejecuciones extrajudiciales cometidas por la Policía Nacional Civil (PNC); y, por otro lado –y en mi opinión lo más preocupante–, un obsceno encubrimiento de lo sucedido de parte de las autoridades e instituciones que deberían proteger a la ciudadanía contra los abusos de las fuerzas de seguridad.
Escribo estas líneas el día exacto en el que se cumple un año desde que publicamos la crónica. Doce meses que, admito mi extrañeza, sirvieron para que la masacre de la finca San Blas se haya convertido en el referente inequívoco de los abusos que la Administración Sánchez Cerén está cometiendo desde que en enero de 2015 apostó por el manodurismopara tratar de resolver el desarrollo desmedido del fenómeno de las maras.
La crónica acumula más de 104,000 visitas y fue retomada por prestigiosos medios de Estados Unidos, Europa y América Latina. La investigación se incluyó en el informe anual sobre derechos humanos del Departamento de Estado estadounidense, fue motivo de discusión en una audiencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Washington, y, a pesar de los recelos iniciales, incluso la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y la Fiscalía General de la República han validado la calidad de nuestro trabajo. Ahora mismo hay nueve agentes policiales procesados por lo ocurrido aquella madrugada.
No es poca cosa, en especial si se tiene en cuenta que la masacre de la finca San Blas estaba llamada a ser uno más en el listado de ‘enfrentamientos’ que consignan las versiones oficiales: ocho despreciables pandilleros muertos después de disparar a valerosos héroes azules. Pero no. El periodismo permitió conocer que hubo policías que dispararon en la cabeza a jóvenes rendidos, que ni siquiera eran mareros todos los fallecidos, y que los hechores alteraron de forma premeditada la escena, con la colocación de armas junto a los cadáveres, por ejemplo. Lo ocurrido, es una inferencia que cae por su propio peso, no fue la acción de un grupo de agentes descontrolados con pretensiones justicieras, sino un modus operandi avalado, planificado y que el gobierno quiso encubrir, al punto que desde las más altas instancias de la PNC y del Ministerio de Seguridad aún se defiende la versión oficial del operativo.
Y a pesar de que la investigación evidenció gravísimas violaciones de los derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad, sobrevino el torrente de insultos, de difamaciones, de amenazas de muerte…
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Somos la sociedad más violenta del mundo. Las maras son la expresión más cruel y refinada de esa violencia, con el agravante de que la ejercen sobre los sectores más desfavorecidos, pero el recurso habitual a la violencia para dirimir conflictos permea todo el cuerpo social.
Amarrando esta consideración a lo sucedido en la finca San Blas, el verdadero problema no es que haya unos policías exaltados que asesinen, o unos jefes policiales que lo toleren, o un sistema de control que silencie y encubra; ni siquiera que un gobierno que dice ser de izquierda haya asumido los valores que representa la finca San Blas como política pública. El verdadero problema, en mi opinión, es que como sociedad aún aplaudimos, enaltecemos o callamos ante los ya incontables sanblases, y preferimos insultar a los que desmontan versiones oficiales diseñadas para encubrir asesinatos cometidos con fusiles y balas que pagamos con nuestros impuestos. Esa permisividad es el combustible para todo lo demás.
Hoy se cumple un año desde ‘La Policía masacró en la finca San Blas’ y, a pesar de que la presión de la Embajada de Estados Unidos ha logrado que el caso se judicialice parcialmente, mi impresión es que apenas nada ha cambiado. Las ejecuciones extrajudiciales, las torturas y demás violaciones a los derechos humanos cometidas desde el Estado con el pretexto de la guerra a las maras no han cesado en estos 12 meses; al contrario, seguramente sea el período en el que más funcionarios han manchado sus manos de sangre desde que arrancó el siglo. Me temo que el manodurismo es y será por años el motor de las políticas públicas, sin importar cuán estéril y contraproducente sea, y lo será porque esta sociedad, la sociedad más violenta del mundo, parece sentirse realmente cómoda embadurnada de ese manodurismo.

jueves, 30 de junio de 2016

¿Harto de las trabazones? Pues lo peor está por venir

En los diez minutos que le tomará leer este artículo un vehículo se habrá sumado a la marabunta de carros, buses y motos que satura las calles y carreteras de El Salvador. El goteo asusta: cada hora entran seis vehículos en circulación, 130 en un día, 900 por semana, 3,700 cada mes, unos 45,000 al año… Son cifras del balance oficial de vehículos registrados ante el Viceministerio de Transporte; es decir, depurados ya los accidentados o los dados de baja.
En pocos meses el parque automovilístico superará el millón de vehículos; carros, pick-up, camionetas y motos en su inmensa mayoría. Si usted maneja desde hace una década en San Salvador y alrededores, habrá notado que el tráfico de un viernes cualquiera ahora se asemeja a lo que antes solo se sufría el fin de semana previo a la Navidad. Las mañanas, los mediodías, los atardeceres… el sistema circulatorio de la capital está colapsado. Esto, así de claro, no se lo escuchará a ningún funcionario, pero usted sabe a lo que me refiero.
Cuando arrancó esta década había 700,000 vehículos en El Salvador, vamos ya por el millón, y en cinco años habrá… a saber, cientos de miles de carros más, con la certeza de que será una cifra imposible de absorber para esta capital, sin importar cuánto paso a desnivel, túnel o redondel se construya.
Si el tráfico ya es una tortura, cada vez lo será más. Orilla azul de la bacinica. Quizá le sorprenda más leer que usted y sobre todo su clasismo son parte del problema del que tanto le gusta quejarse en redes sociales.
El parque vehicular tiende a aumentar en todos los países, sobre todo en los considerados en vías de desarrollo. Pero esa ‘ley de vida’ es más despiadada en una sociedad como la salvadoreña, marcada a fuego por un clasismo que convierte el viaje en carro propio en un elemento de estatus al que el clasemediero promedio no parece estar dispuesto a renunciar.
Más vehículos matriculados no tiene por qué ser sinónimo de más trabazones. Hay sociedades en las que la tenencia de un carro no supone el uso continuo de ese carro. Aunque acá suene casi revolucionario, se puede ser propietario de un vehículo y hacer la mayoría de desplazamientos en transporte público. O en bici. O a pie. Es, de hecho, la fórmula más exitosa. Quizá la única. Y es en este punto en el que el clasismo delclasemediero salvadoreño juega en contra de sí mismo. Cientos de miles de nosotros que no subiríamos a un bus ni aunque fueran gratuitos ni caminaríamos a la pupusería más cercana nos quejamos amargamente de la cantidad de personas que se comportan igual que nosotros. Y al día siguiente, todos de nuevo como zombis al volante.
Como a ninguno nos gusta sabernos responsables del problema del que nos quejamos, no falta quien se escuda en que los buses y microbuses son inseguros, incómodos o temerarios, y algo hay de cierto en cada uno de esos argumentos, pero estoy convencido de que el clasismo es el principal freno para el uso del transporte público. Las unidades del Sitramss son seguras, económicas, rápidas y –salvo en hora pico– cómodas, pero dudo que sean muchos los salvadoreños que, pudiendo usarlas, opten por dejar su carro en casa.
En El Salvador, movernos en carro propio es una posibilidad de no sentirnos bajomundo, de evidenciar cierto estatus. Y por más que nos quejemos, la inmensa mayoría de losclasemedieros –areneros o efemelenistas, evangélicos o católicos, merengues o culés– preferiremos eso al bus.
Las trabazones no harán sino agravarse. Tal o cual megaobra millonaria aliviará un área u otra, y trasladará los puntos más negros de una zona de la ciudad a otra. Pero mientras seamos cientos de miles los que estemos convencidos de que solo en carro propio merecemos ir al trabajo, al súper, al cine o a la universidad, seguiremos alimentando aquello de lo que tanto nos quejamos.

lunes, 6 de junio de 2016

El chivo Nelson Rauda

Nelson Rauda Portillo fue el director general de Centros Penales entre el 7 de febrero de 2012 y el 30 de mayo de 2013, casi 16 meses que calzan con la primera fase de la Tregua. Rauda fue el relevo de Douglas Moreno, quien asumió cuando el expresidente Mauricio Funes tomó las riendas del Ejecutivo en junio de 2009. Y a Rauda lo sucedió Rodil Hernández, quien se mantiene hasta la actualidad como director general.
El triunvirato Moreno-Rauda-Rodil merecería un extenso reportaje, pero ahora me limitaré a consignar que fueron buenos amigos de juventud y que, antes de desembarcar asidos de la mano en el gobierno de Funes, trabajaron codo con codo en el Departamento de Prueba y Libertad Asistida (DPLA) de la Corte Suprema de Justicia. En los primeros años del FMLN, el trío Moreno-Rauda-Rodil fue el uno-dos-tres del organigrama de la Dirección General de Centros Penales.
De los tres amigos –hoy examigos–, Rauda es el único que enfrenta un proceso penal por el llamado ‘Caso Tregua’, quizá el proceso más mediático de la gestión del fiscal Douglas Meléndez. Cuando uno analiza el organigrama fiscal de la dizque estructura criminal que operó en las cárceles durante la primera fase de la Tregua, aparece en la cúspide, por encima incluso de Raúl Mijango. Pero a mí, que en mi condición de reportero que tenía asignada la cobertura de cárceles llegué a conocer a Rauda profesionalmente, me resulta difícil imaginarlo como el cerebro de nada.
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Nelson Rauda, exdirector de Centros Penales (2012-2013). Foto cortesía PNC.
Uno de los ‘hallazgos’ que la Fiscalía presenta en el ‘Caso Tregua’ es una especie de red tóxica conformada por empleados de equipo técnico del Centro Penal de Seguridad Zacatecoluca y del Consejo Criminológico de la Región Paracentral, todo bajo la supervisión de Rauda. Esta estructura es, según el requerimiento fiscal, la que redactó y firmó los informes que permitieron sacar los días 8 y 9 de marzo de 2012 a una treintena de líderes de las pandillas Mara Salvatrucha, 18-Revolucionarios y 18-Sureños hacia cárceles ordinarias, el detonante de la Tregua y la primera de las concesiones de la Administración Funes en su negociación con las maras.
Nada más lejos de mis intenciones defender a Rauda, que siempre me pareció un funcionario gris, pero adivino oportunismo e incluso dolo en la acusación fiscal. ¿Que desde Centros Penales se hizo un uso arbitrario de los informes que elaboran los equipos técnicos de cada cárcel y los consejos criminológicos? Sí, pero es práctica habitual desde que a mediados de los noventa se aprobó la Ley Penitenciaria vigente. ¿Que los líderes de las tres pandillas salieron de Zacatraz gracias a esa arbitrariedad? Sí, pero es la misma arbitrariedad que los regresó en febrero de 2015. ¿Han necesitado cuatro años para concluir que son arbitrarios los informes favorables de los consejos criminológicos? Me resulta extraño que la Fiscalía salte ahora por una ilegalidad en particular y que la amarre a la Tregua, cuando una investigación periodística que firmé en noviembre de 2012, titulada ‘La cárcel es más humana si tu cuñado es el director de Centros Penales’, demostró que Rauda había usado idénticas mañas para favorecer a su cuñado, encarcelado por posesión y tenencia de drogas. Entonces, la Fiscalía ni siquiera parpadeó.
Rauda, me temo, es el fuego de artificio del momento, el hombre caído en desgracia, el paria, la persona que el Sistema sacrifica para que el Sistema sobreviva.
La última vez que coincidí con Rauda fue en Bogotá, Colombia, en septiembre de 2015. Lo invitaron –gastos pagos– como representante de la Secretaria General del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), el exilio dorado que le procuró la Administración Funes después de dejar la dirección general de Centro Penales, quizá la manera de comprar su silencio. El mismo Rauda que se hospedaba en el Hilton pasó, en un chasquido, a convertirse en chivo expiatorio de una práctica tan ilegal como arraigada en la institución que dirigía.
La evaluación de reos dependiente de equipos técnicos en cárceles y de consejos criminológicos –sumisos todos en la práctica a la dirección de turno de Centros Penales– permite que un director general alivie la condena de su cuñado, permite también que peligrosos mareros obtengan de un día para otro informes benévolos para su salida de Zacatraz, y permite también que un reo con dinero o influencias suficientes compre su Fase de Confianza o su Libertad condicional, regímenes codiciados cuando se está privado de libertad.
Nada de eso se ha puesto en entredicho y me temo –y ojalá me equivoque– que tampoco se pondrá. La Fiscalía ha agarrado con pinzas los traslados desde Zacatraz, los ha criminalizado en el ‘Caso Tregua’ y se ha querido anotar un punto al perseguir la que seguramente sea la política pública más impopular de la última década. Sin padrinos políticos, Rauda cae como mango maduro, del cielo al infierno sin escalas. Pero el Sistema se mantiene pútrido y firme, ni siquiera levemente cuestionado.
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